El silencio de la represa

Lo que el río sabe y los diarios no cuentan

A cincuenta kilómetros de Salto, sobre el río Uruguay, hay familias que llevan tres generaciones viviendo de la pesca artesanal y el pequeño cultivo ribereño. En los últimos cuatro años, el caudal del río cambió de maneras que ellos describen con palabras precisas: el agua llega más turbia, las épocas de crecida se adelantaron, ciertas especies de peces que antes eran abundantes ahora se ven raramente. Ninguno de estos cambios apareció en los grandes diarios de Montevideo. Lafiltracion pasó seis semanas documentando testimonios de dieciséis familias en cuatro parajes del litoral norte, cruzando sus relatos con informes técnicos del Ministerio de Ambiente y datos hidrológicos de la DINAGUA. Lo que encontramos no es una historia de villanos y héroes: es una historia de instituciones que no se hablan entre sí, de decisiones tomadas con información incompleta y de comunidades que cargan con consecuencias que nadie midió del todo bien. La obra en cuestión es una represa de regulación hídrica aprobada en 2019 cuyo impacto ambiental fue evaluado en un plazo considerado insuficiente por tres de los cinco técnicos del panel oficial — hecho que consta en las actas pero que nunca fue comunicado públicamente. El proyecto avanzó, la represa se construyó, y el monitoreo post-obra que la normativa exige lleva dieciocho meses de atraso. Mientras tanto, los pescadores de la zona siguen saliendo al río cada mañana con redes que vuelven cada vez más vacías.

Qué encontramos y qué no pudimos confirmar

La evidencia disponible sugiere una correlación entre los cambios en el régimen hídrico y la modificación de los patrones de sedimentación aguas abajo, pero los datos de monitoreo son insuficientes para establecer causalidad con certeza científica. Esto es importante decirlo: periodismo honesto no significa concluir más de lo que los datos permiten. Lo que sí pudimos confirmar es que el mecanismo de consulta pública previsto en la norma ambiental se realizó en un plazo de solo doce días hábiles — un período que organizaciones de derecho ambiental consideran manifiestamente insuficiente para comunidades rurales sin acceso estable a internet. También confirmamos que el organismo responsable del monitoreo post-obra no recibió presupuesto asignado para el período 2023-2024, lo cual explica en parte el atraso. Tres funcionarios del Ministerio de Ambiente nos respondieron por correo pero prefirieron no hablar en cámara. La subsecretaría no respondió nuestras solicitudes de entrevista en el plazo de tres semanas que dimos antes de publicar.